Piñera entra al debate entre poder constituyente y poder constituido, estampando su firma en el decreto exento Nº 1.684, del 20 de junio de 2021. A través de él, convoca a la primera sesión de instalación de la Convención Constitucional, estableciendo en su artículo tercero que los Convencionales Constituyentes electos deberán responder allí si “aceptan asumir y ejercer el cargo de conformidad al Capítulo XV de la Constitución Política de la República”, y señala a modo de condicionamiento que “con esta aceptación los convencionales constituyentes se entenderán debidamente investidos…”. No existe referencia alguna en la norma, que haya facultado al Presidente de la República para condicionar de esta forma la investidura de estos cargos, sobre todo con el antecedente de que el Tricel ha dictado ya la sentencia de proclamación. Por lo tanto, solo puede entenderse este acto como una acción política que busca zanjar un debate a través de un acto de sujeción del proceso constituyente, haciendo uso del cuestionado poder del presidencialismo neoliberal. Acto que por supuesto rechazamos.

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